
Las subvenciones para particulares se acaban el 20 de noviembre, a nueve días de las elecciones generales del 29N, en pleno récord de ventas de electrificados. Aedive, AORU y AUVE presentan un plan de doce compromisos para exigir incentivos sin adelantos en el concesionario y desbloquear la conexión a la red de los puntos de recarga.
El próximo Gobierno que salga de las urnas este 29 de noviembre heredará una doble urgencia en materia industrial y de movilidad: evitar un frenazo en las ventas de coches tras agotarse los fondos del Plan Auto+ y desatascar el despliegue de la red de recarga. A apenas nueve días de la cita electoral, el sector de la automoción y de la movilidad eléctrica ha redoblado su presión sobre los partidos políticos para blindar la estabilidad regulatoria en 2027.
Según las últimas estimaciones trasladadas por fuentes del sector a Europa Press, los 400 millones de euros dotados para el Plan Auto+ de este 2026 están a punto de agotarse. La partida destinada a clientes particulares (Línea 1) echará el cierre este mismo viernes, 20 de noviembre, tras haberse solicitado 326,27 millones de euros (el 93,2% del total) en 103.038 expedientes. Con un gasto medio de 3.167 euros por operación, apenas queda margen para 7.494 solicitudes más.
La Línea 2, enfocada a empresas y autónomos, corre una suerte similar: con 43,12 millones ya comprometidos (el 86,2% del presupuesto), los trabajadores por cuenta propia ya están en lista de espera y el remanente corporativo —suficiente para unas 1.600 operaciones— se consumirá el martes 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones. Por territorios, Madrid, Cataluña y Andalucía acaparan más del 51% de los fondos, con el vehículo 100% eléctrico liderando las peticiones (más del 62% en particulares y el 65% en empresas).
El «plan de choque» del sector: ayudas sin esperas y menos trabas
Ante el temor de que el fin de las subvenciones congele las decisiones de compra justo cuando el mercado roza cifras prepandemia —con previsión de superar los 1,2 millones de turismos vendidos en 2026 y con los electrificados representando ya uno de cada cuatro coches matriculados—, las principales asociaciones han movido ficha.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han remitido a las formaciones políticas un decálogo ampliado con doce compromisos urgentes hasta 2030.
Para reactivar la demanda sin depender de convocatorias que se agotan antes de acabar el año, el sector exige un cambio de modelo:
- Descuento directo en el concesionario: Que las futuras ayudas se concedan sin obligar al comprador a adelantar el dinero, aplicándose en el punto de venta siempre que sea jurídicamente viable.
- Incentivos fiscales: Continuidad y simplificación de las deducciones en el IRPF, revisión de la fiscalidad para flotas de empresa y compra pública basada en el coste total de propiedad.
- Desbloqueo de la red eléctrica: Mapas digitales de capacidad transparentes, ventanilla única con acceso al catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional para acabar con las estaciones construidas que siguen sin suministro por retrasos burocráticos.
- Garantías para el usuario: Que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido, una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de recarga y facturas transparentes acordes a la normativa europea AFIR.
«Los próximos cuatro años serán de vital importancia. El Gobierno que salga de las urnas debe considerar a este sector como de alto valor estratégico, consolidando las medidas que han funcionado y abordando las asignaturas pendientes», subraya Daniel Pérez, presidente de AORU. Para vigilar su cumplimiento, las tres entidades reclaman una mesa interministerial permanente y un cuadro de mando trimestral oficial que audite los cargadores realmente operativos y los tiempos de conexión a la red.

Un mercado al alza frente a cuatro recetas políticas opuestas
El pulso del sector llega en un momento dulce para las matriculaciones. Impulsados por el encarecimiento de los carburantes debido a las tensiones en Oriente Medio y una mayor confianza tecnológica, los turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) acumulan 248.343 unidades vendidas hasta octubre, un 37,6% más que hace un año, alcanzando una cuota del 24,6% (y del 31,5% solo en octubre).
Sin embargo, el horizonte para 2027 queda a expensas del resultado del 29N, al que los cuatro principales partidos concurren con estrategias divergentes:
- PSOE: Apuesta por mantener las subvenciones y facilitar financiación accesible para hogares, empresas y autónomos, aunque sin concretar presupuesto. Plantea extender las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ampliar la red de recarga y aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica para impulsar la fabricación nacional de baterías.
- PP: Aunque no incluye un plan específico en su programa electoral, mantiene su Plan Nacional del Automóvil, basado en la neutralidad tecnológica. Propone un Plan Renove abierto a todas las motorizaciones, descuentos directos en concesionario, ampliar el Moves y eliminar el impuesto de matriculación para vehículos con etiquetas CERO y ECO.
- Vox: Aboga por derogar las normativas del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, así como suprimir las ZBE. Sin un plan de ayudas directas en su programa, defiende la convivencia de motores de combustión, híbridos y eléctricos, y frenar el veto europeo a los vehículos térmicos previsto para 2035.
- Frente Amplio: Propone un leasing social para rentas bajas y medias, microempresas y zonas rurales con cuotas de 100 euros al mes (urbanos) y 150 euros (familiares). Suma ayudas de hasta 8.000 euros para autónomos y agricultores, deducciones de hasta 25.000 euros por achatarramiento, subvenciones automatizadas según la renta y proyectos de retrofit para convertir coches de combustión en eléctricos.

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