La cancelación de la prórroga del Plan Moves derivada del fracaso del decreto «ómnibus» puede tener consecuencias nefastas para la industria automovilística española. Se hace imprescindible buscar una solución para impulsar la venta de coches eléctricos y poder así cumplir con la normativa europea de emisiones.
La soledad de Pedro Sánchez en el escenario político se deja notar cada vez más en el día a día de los españoles, y las consecuencias no son ninguna broma. El fracaso de su decreto «ómnibus», esa trampa con la que quería engañar a todos sus rivales políticos, ha traído consigo una cascada de consecuencias económicas desastrosas para los ciudadanos.
En lo que respecta a la movilidad, más allá de las ayudas al transporte colectivo, este varapalo supone la cancelación de la prórroga del Moves III hasta junio de 2025 que ya se había aprobado. Resulta por tanto imprescindible la tramitación por vía de urgencia de otro real decreto-ley que recupere tanto las ayudas, valoradas entre los 4.500 y los 9.000 euros en función del tipo de vehículo y la población, junto con otras medidas relacionadas con el mercado del motor, como la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos o las subvenciones a empresas y administraciones para favorecer la electrificación del parque.
Ganvam estima que, con el fin de las ayudas del Moves, la cuota de vehículos electrificados (puros e híbridos enchufables) se situará sobre el 12% a cierre de 2025, lejos del entorno del 25% necesario para cumplir con los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea para 2030. Un desastre.
«Es necesario y urgente, dado que los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2, que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas«, reclaman Anfac y Faconauto.
Ambas patronales muestran que este es el peor escenario que se podía acontecer. Sin las ayudas a la compra se paralizarán las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea.
El decreto también contemplaba ayudas para impulsar la red de recarga, la otra pata fundamental de la electrificación de nuestro parque automovilístico. Eran de hasta un 80% para la instalación de puntos de carga para particulares en localidades con menos de 5.000 habitantes y un 70% en localidades con una población superior a la anterior, y también decaen. Así no hay manera de respaldar una industria clave en nuestra economía y en la que un fabricante tan importante como Stellantis acaba de anunciar inversiones millonarias para España.
Estas ayudas recogían, asimismo, subvenciones para las empresas y administraciones públicas que establecieran puntos de recarga de hasta 50kW, por importe de entre el 35% y el 55% del costes en localidades superiores a 5.000 habitantes; y de entre el 40% y el 60% en localidades inferiores a 5.000 habitantes.
Las empresas y administraciones públicas que instalaran puntos de recarga superior a 50kW podían disfrutar de una subvención de entre el 30% y el 40% de lo invertido, en función de los dos tipos de localidades mencionadas previamente.
The Motor Lobby 
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