El PP advierte de la «inseguridad jurídica» del modelo de ayudas a la movilidad eléctrica. Las Comunidades Autónomas donde gobierna rechazan el nuevo Plan Moves y piden ayudas para vehículos eficientes de cualquier tecnología.
Las doce comunidades del PP han trasladado al Gobierno su «preocupación» por el diseño de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica, anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica, al considerar que «persiste en los errores del pasado» y genera «tal inseguridad jurídica que impide la ejecución del plan».
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, considera necesario un «cambio de modelo» y la apertura de una línea de ayudas para «promover la comercialización de vehículos eficientes de cualquier tecnología», ampliando el catálogo de soluciones para que puedan entrar los biocombustibles y gases renovables.
Ha reprochado, asimismo, al Gobierno de Sánchez el intento de «engañar» a los ciudadanos al incluir entre los 14.100 millones anunciados para mitigar los efectos de los aranceles, los 400 del Plan Moves a fondo perdido «ya previstos antes de la nueva situación comercial internacional y que atiende a solicitudes presentadas desde el 1 de enero de este año».
Las comunidades denuncian que el nuevo esquema del plan mantiene una tramitación «excesivamente compleja», carece de ayudas directas en la compra de vehículos eléctricos y no incorpora avances en la gestión administrativa.
«Esto se traduce en una mayor carga burocrática para las comunidades y pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa», ha señalado.
Las CCAA del PP insisten en solicitar al Gobierno la puesta en marcha de un nuevo programa Moves IV que establezca descuentos directos «y al instante» en las facturas a los compradores de coches eléctricos o al instalar puntos de recarga para eliminar «la excesiva burocracia»
Piden, asimismo, que el nuevo programa incorpore reducciones del IVA, siguiendo el ejemplo de países como Noruega, Países Bajos y Alemania o beneficios fiscales como la deducción del 100 % del IVA para empresas que apuesten por la electrificación de sus flotas
Igualmente, los Gobiernos autonómicos del PP exigen al Gobierno que aclare la información solicitada sobre los criterios de reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del Plan Moves.
Han expresado, no obstante, su disposición a trabajar de forma conjunta con el Gobierno para redactar un Moves IV simplificado «con tramitación directa por parte del concesionario de vehículos eléctricos y la subvención en poder del ciudadano a la mayor brevedad».
En concreto, se trata de los Gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia.
Según han indicado, el nuevo esquema mantiene una tramitación «excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa», lo que se traduce en una «mayor carga burocrática» para las comunidades y «pone en riesgo la eficacia y el alcance real» del programa.
Las comunidades firmantes han mantenido hace pocos días una reunión con el Ministerio para trasladar estas inquietudes y han considerado que no han recibido una respuesta «clara ni formal» por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), lo que sigue generando «incertidumbre y preocupación».
Previamente a este encuentro, estas valoraciones sobre el nuevo modelo de ayudas a la movilidad han sido trasladadas formalmente al ministerio mediante cartas firmadas por dichas comunidades autónomas.
En las misivas se ha recordado que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de estas ayudas, han indicado.
Al mismo tiempo, han destacado que, aunque se presenta como una continuidad, el nuevo modelo obliga a iniciar desde cero, mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio, lo que implica «más carga administrativa, más retrasos y ningún avance significativo «como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y los actores del sector.
Además, han advertido de que el planteamiento actual «no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas» y consolida un esquema de ayudas que consideran «ineficaz». En este contexto, insisten en la necesidad de una «aclaración urgente» y una «definición formal» por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa.
Claridad y efectividad con compromiso
Estas comunidades autónomas recalcan que llevan tiempo trasladando al Gobierno central propuestas «claras, técnicamente sólidas y ampliamente respaldadas» tanto por el sector como por instituciones europeas, orientadas a lograr una distribución «más eficaz, ágil y directa de las ayudas».
Entre ellas han destacado descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y puntos de recarga, incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas o la simplificación de trámites administrativos, conforme a los estándares de la Comisión Europea, basada en procedimientos «más simples, rápidos y ligeros».
Del mismo modo, las CCAA han reclamado también una «aclaración formal» y posicionamiento firme por parte del Ministerio sobre las «inseguridades jurídicas» detectadas.
Esta actuación es fundamental para aplicar el programa, como el reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan.
«La no resolución de estas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas imposibilita lanzar la convocatoria y asegurar la concesión, pago y llegada de las subvenciones a los ciudadanos y empresas», han recalcado.
Pese a la falta de definición a nivel estatal, las comunidades autónomas han reiterado su «compromiso firme» con la transición energética y la electrificación del transporte.
En este sentido, varios gobiernos regionales han aprobado modificaciones presupuestarias para culminar la ejecución del Plan Moves III, que se suman a las inversiones ya movilizadas en el marco de los programas de autoconsumo y movilidad sostenible.
Asimismo, las comunidades han manifestado su total disposición a colaborar con el Ministerio y con el IDAE para alcanzar un modelo de ayudas «realista, coordinado y eficaz», que permita que los fondos lleguen de «forma ágil» a los ciudadanos y empresas.
«Las autonomías se declaran abiertas a trabajar de forma conjunta para aterrizar técnicamente el programa y solventar los elementos pendientes que impiden su correcta aplicación», han zanjado.
The Motor Lobby 
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