El impulso del vehículo eléctrico vuelve al centro del debate político y económico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros que arrancará en 2026 y que busca corregir el retraso de España tanto en la electrificación de su parque móvil como en el desarrollo industrial asociado.
Bajo la denominación de Plan Auto 2030, el Ejecutivo plantea un enfoque integral: más ayudas directas, menos burocracia, nuevo músculo para la industria y un mapa de recarga más cohesionado para evitar que el coche eléctrico siga siendo, para miles de conductores, un salto a ciegas.
A continuación, las claves del plan —y el gran interrogante político que lo sobrevuela: cómo ejecutarlo sin Presupuestos.
Un nuevo modelo de ayudas: Plan Auto+ (400 millones)
La pieza central del paquete es el Plan Auto+, un programa de ayudas directas dotado con 400 millones de euros y diseñado para una finalidad muy clara: rebajar la barrera económica que supone comprar un eléctrico.
La principal novedad es de carácter administrativo:
El Gobierno central gestionará directamente los fondos, rompiendo con el modelo del Plan Moves III, que quedaba en manos de las comunidades autónomas y generaba retrasos de hasta un año en el cobro de subvenciones.
Sánchez justificó esta centralización con un mensaje que conecta con la realidad social: “Contar con un coche eléctrico supone hoy una inversión inicial muy importante”. La intención es que el dinero llegue antes y de forma más homogénea, reactivando una demanda que lleva meses mostrando síntomas de agotamiento.
Aunque el debate sobre la electrificación suele pivotar sobre números, Sánchez situó el discurso en una dimensión más amplia: la lucha climática.
“España no se va a bajar del coche eléctrico. En 2050, todos los vehículos serán eléctricos”, afirmó, insistiendo en que renunciar al Pacto Verde es incompatible con la sostenibilidad económica y social del país.
El mensaje es claro: el Gobierno no quiere que el futuro del automóvil dependa de vaivenes partidistas.
Impulso a la industria: 580 millones más para el Perte VEC
La industria del automóvil recibirá 580 millones adicionales a través del Perte VEC, la herramienta clave para modernizar fábricas, promover la innovación y asegurar que España siga siendo un actor relevante en la cadena de valor del vehículo eléctrico.
Nuevos procesos productivos, fabricación de baterías, desarrollo de software y formación de plantillas forman parte del mapa de necesidades de un sector que vive su mayor transformación en décadas.
Más infraestructura: Plan Moves Corredores (300 millones)
El tercer pilar del plan es la gran asignatura pendiente de España: la infraestructura de recarga.
El nuevo Moves Corredores, dotado con 300 millones, se centrará en las llamadas “zonas de sombra”: tramos de carretera donde aún no existe cobertura de carga rápida o ultrarrápida.
El objetivo es permitir que cualquier conductor pueda desplazarse de forma previsible y sin riesgo, un requisito indispensable para consolidar la movilidad eléctrica.
¿Cómo pretende el Gobierno hacer todo esto sin Presupuestos?
La gran incógnita del Plan Auto 2030 no está en su diseño técnico, sino en su viabilidad política y financiera.
España no tiene aprobados los Presupuestos Generales del Estado, y es razonable preguntarse: ¿de dónde saldrán los 1.280 millones anunciados?
El Gobierno maneja tres vías principales:
1. Reprogramación de fondos europeos
Es la opción más inmediata y la única que no depende del Parlamento.
El Ejecutivo ya ha utilizado en ocasiones anteriores la flexibilidad del Plan de Recuperación para reasignar partidas hacia industria, digitalización o energía.
Parte de los nuevos fondos del Perte VEC, y previsiblemente del Moves Corredores, podrían salir de:
remanentes no ejecutados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
reasignación de proyectos priorizados,
ampliación negociada con Bruselas dentro de los márgenes del plan.
Es decir: dinero europeo, no presupuestario, reordenado para acelerar la electrificación.
2. Créditos extraordinarios por decreto
El Gobierno tiene capacidad para aprobar modificaciones de crédito mediante decreto-ley, incluso sin presupuestos nuevos, siempre que se justifique el carácter urgente, como ya ocurrió durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania.
La movilidad eléctrica podría acogerse a esta vía al ser un compromiso estratégico europeo.
Requiere convalidación en el Congreso, pero no un proceso presupuestario completo.
3. Presupuestos prorrogados y habilitaciones puntuales
Aunque el grueso del plan es para 2026, algunas partidas pueden adelantarse mediante la prórroga técnica de los presupuestos anteriores, usando los márgenes disponibles en programas ya existentes (como el Moves III o el Perte VEC), ampliándolos mediante: fondos adicionales, redistribución interna entre ministerios, remanentes no ejecutados.
En otras palabras: el Gobierno combina creatividad fiscal, flexibilidad europea y mecanismos excepcionales para esquivar el bloqueo presupuestario. ¿Mucha ensoñación?
El plan es ambicioso… pero su ejecución será el examen definitivo
El Plan Auto 2030 pretende no solo poner más dinero sobre la mesa, sino corregir problemas estructurales: retrasos crónicos en el pago de ayudas, desventaja competitiva industrial, red de recarga insuficiente, desconfianza de los consumidores.
Pero la pregunta decisiva es si España podrá ejecutar este plan sin presupuestos, sostenerlo en el tiempo y adaptarse a un sector que se mueve a gran velocidad.
Sánchez ha marcado un horizonte ambicioso. Ahora la clave será comprobar si la ingeniería financiera, la inesestabilidad política y la coordinación con Bruselas permiten que el Plan Auto 2030 sea realmente el acelerador de la movilidad eléctrica en España… o si quedará como otro gran anuncio en un contexto de incertidumbre presupuestaria.
The Motor Lobby 
Deja un comentario