
La industria automovilística española asiste perpleja al último giro del presidente del Gobierno. Tras defender hace apenas unos días un plan de transición “equilibrado” para el sector, Pedro Sánchez ha reclamado a la Comisión Europea que mantenga sin cambios el veto total a los motores de combustión en 2035, una postura que choca frontalmente con la realidad de un país que sigue viviendo de fabricar, sobre todo, coches tradicionales.
La política industrial del Gobierno vuelve a instalarse en la contradicción. Mientras el presidente del Ejecutivo defendía hace solo unos días el Plan Auto 2030 como un marco de transición “realista y ordenado” para el sector del automóvil, ahora ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exigir que se mantenga intacta la prohibición de vender coches de combustión más allá de 2035. Sin matices. Sin flexibilidad. Sin atender a la realidad productiva de España.
El movimiento ha causado estupor en el sector y desconcierto en Bruselas. No tanto por la defensa de los objetivos climáticos —que nadie discute— sino por el choque frontal entre el discurso y los hechos. Defender un plan de acompañamiento a la industria y, al mismo tiempo, presionar para cerrar cualquier vía de adaptación tecnológica es, como mínimo, una incoherencia de gran calado.
España, potencia automovilística… a contracorriente
España no es un actor menor en el tablero europeo del automóvil. Es el segundo productor de vehículos de la UE, con decenas de miles de empleos directos y cientos de miles indirectos ligados a fábricas, proveedores, logística y concesionarios. Y, sin embargo, la mayoría de los coches que salen hoy de las plantas españolas siguen siendo de combustión o híbridos.
Esa es la realidad que el Gobierno parece obviar desde La Moncloa. Apostar por una transición acelerada sin red, sin demanda suficiente y sin infraestructuras plenamente desplegadas no es valentía climática: es irresponsabilidad industrial. Y más cuando otros grandes países productores están pidiendo ajustes, plazos realistas y reconocimiento de tecnologías intermedias para no destruir tejido productivo.
El Plan Auto 2030, reducido a propaganda
El Plan Auto 2030 nació como un mensaje de tranquilidad al sector: ayudas, acompañamiento, inversión pública y una transición progresiva. Pero la carta enviada por Sánchez a Bruselas deja ese plan en papel mojado. ¿De qué sirve prometer apoyo si, al mismo tiempo, se exige mantener una prohibición total que amenaza directamente el modelo productivo actual?
La contradicción es evidente. O el Gobierno cree en una transición gradual, o cree en el dogma. Lo que no puede hacer es vender un plan industrial mientras empuja decisiones que ponen contra las cuerdas a fabricantes y proveedores.
Sánchez y la política del gesto
La ofensiva contra cualquier flexibilización europea parece responder más a una estrategia de imagen internacional que a una defensa real de los intereses españoles. Sánchez quiere situarse como abanderado del ecologismo europeo, aunque sea a costa de sacrificar competitividad, empleo y producción nacional.
Mientras otros gobiernos negocian para proteger a sus industrias, el Ejecutivo español se adelanta para pedir más dureza, más rigidez y menos margen. Una actitud que refuerza la sensación de que el motor español es, para Moncloa, una pieza secundaria frente al relato político.
El riesgo de quedarse solos
El problema no es solo la prohibición de 2035, sino el contexto. El coche eléctrico no despega al ritmo esperado, los precios siguen siendo elevados y la infraestructura de recarga avanza con lentitud. Ignorar estos factores y cerrar la puerta a cualquier ajuste es jugar con fuego.
España corre el riesgo de quedarse atrapada entre la ideología y la realidad, defendiendo en Bruselas una rigidez que otros países no están dispuestos a asumir y dejando a su industria en una posición de debilidad frente a competidores globales.
Una pregunta sin respuesta
La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿cómo puede Sánchez defender un plan para salvar la automoción española y, a la vez, exigir decisiones que la ponen en jaque? La respuesta, de momento, apunta más a la propaganda política que a una estrategia industrial seria.
Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo para un sector que necesita certezas, no bandazos.

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