El Gobierno quiere convertir en norma lo que hasta ahora han sido operaciones puntuales: las alianzas entre fabricantes españoles y gigantes industriales chinos. Tras los acuerdos en Barcelona, Zaragoza y Jaén, el Ministerio de Industria prepara un protocolo para ordenar futuras inversiones y garantizar que el capital asiático aporte empleo estable, tecnología y arraigo productivo en un contexto geopolítico cada vez más exigente.
El Ministerio de Industria y Turismo quiere convertir en doctrina lo que hasta ahora ha sido táctica. En 2026 presentará un protocolo de “Inversiones Bien Hechas en España” basado en el análisis de tres alianzas que, en apenas dos años, han reconfigurado el mapa industrial del automóvil: la ‘joint venture’ entre Ebro y Chery en Barcelona; el acuerdo entre Stellantis y CATL en Figueruelas; y la reactivación de Santana Motor junto a BAIC en Jaén.
El anuncio del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, no es menor. Supone admitir que el capital asiático —y particularmente el chino— ya no es un invitado ocasional, sino un actor estructural en la nueva política industrial española. Y que conviene fijar reglas del juego antes de que la ola sea mayor.
De la urgencia a la estrategia
España vive un momento industrial singular. Mientras Europa debate aranceles y autonomía estratégica frente a China, nuestro país se ha convertido en puerta de entrada para fabricantes y tecnológicas del gigante asiático. No es casualidad: somos el segundo productor europeo de automóviles, contamos con infraestructuras logísticas competitivas y disponemos de fondos públicos —como el FAIIP, que en 2025 ha concedido 180 millones a 34 proyectos— dispuestos a apalancar inversión.
El caso de Ebro-Chery en la Zona Franca de Barcelona simboliza esa nueva etapa. La histórica factoría de Nissan, que amenazaba con convertirse en icono del desmantelamiento industrial, renace con modelos chinos adaptados al mercado europeo bajo marca española. En Zaragoza, Stellantis refuerza su futuro eléctrico de la mano del mayor fabricante mundial de baterías. En Linares, el nombre de Santana vuelve a sonar tras años de silencio.
Pero la pregunta clave no es si China invertirá más en España. Lo hará. La cuestión es en qué condiciones y con qué retorno estructural para el país.
¿Qué deben cumplir las marcas chinas para ser inversiones interesantes?
Desde una perspectiva estrictamente industrial —y no ideológica— hay cinco condiciones que deberían marcar la diferencia entre una simple operación oportunista y una inversión transformadora.
Primero, arraigo productivo real. No basta con ensamblar kits importados. Las marcas chinas que aspiren a consolidarse en España deben comprometerse con un porcentaje creciente de proveedores locales, transferencia tecnológica efectiva y desarrollo de ingeniería propia en territorio nacional. Si el valor añadido sigue concentrado en Asia, el impacto será limitado.
Segundo, estabilidad laboral y cualificación. Los 580 empleos apoyados por el FAIIP en 2024 son positivos, pero la clave está en la calidad. Contratos estables, formación técnica avanzada y colaboración con universidades y centros tecnológicos deben formar parte del paquete. España no puede competir en salarios bajos; debe hacerlo en especialización.
Tercero, integración en la cadena europea. Las inversiones deben servir para reforzar la posición de España dentro del ecosistema industrial de la UE. Eso implica cumplir estándares medioambientales exigentes, participar en proyectos de baterías y electrificación continentales y evitar convertirse en simple plataforma de exportación de producto chino hacia Europa para esquivar aranceles.
Cuarto, compromiso financiero a largo plazo. Las alianzas deben incluir planes plurianuales verificables, con cláusulas de permanencia y reinversión. La experiencia europea demuestra que algunas inversiones extranjeras se repliegan con la misma rapidez con la que llegan si el contexto cambia.
Quinto, gobernanza transparente. En un contexto geopolítico convulso, como recordó Brustenga, la autonomía estratégica abierta exige claridad en estructuras societarias, flujos tecnológicos y dependencia de subsidios estatales extranjeros.
Solo si estas condiciones se cumplen podremos hablar de inversiones “bien hechas” y no de simples desembarcos tácticos.
¿Qué fábricas pueden rendirse a la próxima ola?
El mapa industrial español ofrece varias piezas susceptibles de atraer nuevos socios asiáticos.
En primer lugar, plantas en transición eléctrica que necesitan volumen adicional para justificar inversiones en baterías o nuevas plataformas. España cuenta con centros productivos altamente competitivos, pero muchos dependen de decisiones corporativas tomadas en Detroit, París o Wolfsburgo. Si los grupos matrices dudan, el capital chino puede aparecer como socio alternativo.
En segundo término, instalaciones infrautilizadas o con riesgo de pérdida de carga de trabajo. La experiencia de la Zona Franca demuestra que una fábrica con infraestructuras amortizadas, personal cualificado y buena logística es un caramelo para cualquier fabricante que quiera entrar rápido en Europa.
También el sector de componentes es terreno fértil. Empresas medianas con dificultades de financiación pueden convertirse en objetivo de adquisición parcial o total por parte de gigantes asiáticos que buscan asegurarse suministros estratégicos, especialmente en electrónica de potencia y baterías.
Por último, no hay que olvidar el ámbito de las energías renovables y el almacenamiento. España es potencia solar y eólica, y la hibridación con fabricación de baterías o sistemas de gestión energética puede atraer nuevos actores chinos deseosos de posicionarse en el sur de Europa.
Autonomía estratégica abierta: equilibrio delicado
El discurso oficial habla de “máxima autonomía estratégica abierta”. Es una fórmula que intenta reconciliar dos realidades: la necesidad de capital e inversión exterior y la obligación de reducir dependencias críticas.
La clave estará en la reciprocidad. Si Europa abre su mercado y sus fondos a empresas chinas, debe exigir condiciones equivalentes para sus compañías en Asia. Y España, como receptor privilegiado de esta nueva oleada inversora, tiene la responsabilidad de elevar el listón.
La historia reciente demuestra que la política industrial no puede limitarse a captar titulares. Debe diseñar ecosistemas. Si las ‘joint venture’ actuales se convierten en polos de innovación, formación y desarrollo tecnológico, el protocolo de 2026 será un hito. Si derivan en simples plataformas de ensamblaje con bajo valor añadido, será una oportunidad perdida.
España tiene experiencia, infraestructuras y talento. China aporta capital, tecnología en baterías y una agresiva estrategia global. La combinación puede ser explosiva en el mejor sentido del término. Pero solo si el país fija reglas claras y piensa en décadas, no en ciclos políticos.
Porque en el tablero geoeconómico actual, quien define las condiciones no solo atrae inversión: define su futuro industrial.
The Motor Lobby 
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